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NUEVA YORK._ Rudy Quezada, un dominicano condenado en 1993 por un asesinato que nunca cometió y fue incriminado en la corte por su compatriota Sixto Salcedo, recibirá una compensación de $4.5 millones de dólares por los sufrimientos en el presidio, luego de que la ciudad y el Estado llegaron a un acuerdo con su abogado para zanjar una demanda millonaria del exreo.

Quezada, fue acusado de matar al también dominicano José Rosado en un tiroteo en el barrio en 1991, y fue detenido después de que dos hombres dijeron a la policía que lo había hecho.

La teoría de la acusación fue que era un enfrentamiento relacionado con las drogas.

Fue condenado por asesinato en 1993 de Rosado, un presunto rival del narcotráfico en Brooklyn y fue encontrado culpable de homicidio en primer grado, cuando fue señalado falsamente como el tirador que liquidó a la víctima, en una intersección en el vecindario East New York en ese condado.

Lo sentenciaron a cadena perpetua con opción a pedir libertad condicional cuando cumpliera 25.

Pero además de los $4.5 millones que recibirá, Salcedo tiene otra puja judicial de $44 millones más, en una demanda contra el Departamento de Correcciones, que se encarga de la administración de la cárceles y custodia de los presos.

Quezada, quien tiene ahora 54 años de edad, mantuvo su inocencia desde el comienzo de su vía crucis, pero el entonces fiscal de Brooklyn, acusado de fabricar numerosos casos contra sospechosos de las minorías, para justificar sus reelecciones, hacía lo indecible para ganar los casos en las cortes.

Salcedo, quien lo señaló como el matador, en una negociación con los fiscales, se retractó en 2001, diciendo que fue presionado por la policía y la oficina del fiscal.

Con el de Salcedo, son varios los casos de dominicanos sentenciados siendo inocentes y en base a evidencias y testimonios fabricados, incluyendo el célebre caso de Fernando Bermúdez residente en el Alto Manhattan.

En la época, el fiscal de Brooklyn, Charles Hynes ordenaba que los “testigos materiales”, fueran mantenidos en hoteles hasta que declararan, y no se les permitía salir ni hacer contactos con familiares o amigos, lo que defensores de derechos civiles, calificaron como secuestro.

Los hoteles en los que eran encerrados los supuestos testigos de la fiscalía de Brooklyn, están en las inmediaciones del aeropuerto La Guardia.

Quezada dijo durante el juicio, que los fiscales encabezados por el fiscal del distrito de Brooklyn Hynes, ocultaron el hecho de que Salcedo estaba encerrado en un hotel durante toda la noche, donde fue coaccionado para que declarara contra él.

En agosto de 2015, el sucesor de Hynes, difunto Ken Thompson, un fiscal afroamericano que murió de cáncer el año pasado, pidió a un juez anular el juicio por asesinato en segundo grado contra Quezada.

El fiscal se ganó el sobrenombre de “Hotel Hynes”.

Thompson hizo el movimiento después que su oficina encontró un correo electrónico de 2004 sobre la apelación de la fiscal adjunta Marie Claude Wrenn, que contradice su insistencia sobre el testigo material, que apareció en 2011.

La oficina del fallecido fiscal Thompson dijo que los fiscales alegaron que no podían volver a intentar someter el caso bajo esas circunstancias.

Quezada presentó una demanda en 2016 marzo en el Tribunal de Reclamaciones del Estado por encarcelamiento y condena.

Él presentó su demanda federal contra la ciudad de Nueva York, el fiscal Hynes y otros funcionarios en noviembre de 2016.

El abogado de Quezada, David Shanies, rehusó hacer comentarios sobre el acuerdo con el estado al igual que las oficinas del fiscal y el Departamento Legal de la Ciudad.

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